EL ASEGURADOR BOLIVARIANO Diego Salazar, vinculado estrechamente al ministro Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, fue definitivamente aceptado como accionista pleno del Caracas Country Club. Los estatutos respectivos exigen que todo aspirante a tal membresía cuente con la firma de por lo menos dos socios activos. Para ello se prestaron Tite Oteyza Scull y el vicepresidente Fernando Zozaya Iturbe. El día pautado para el ingreso oficial, en las oficinas administrativas del aristocrático establecimiento se dieron cita numerosos socios que también quería firmar al lado de “don” Diego, como ahora llaman al nuevo magnate surgido de los negocios de la “revolución” bolivariana. Sin embargo el sector más rancio de la institución se negó a convalidar semejante situación.

CINCO GALLOS PUERTORIQUEÑOS con desembolso de más de 250 mil bolívares, adquirió esta semana en Bejuma un conocido miembro del gabinete ministerial del presidente Hugo Chávez. El inmenso despliegue de seguridad que lo acompañó para seleccionar los giros, pintos, marañones y zambos de un prestigioso criador de la región, contó con la presencia del alcalde Lorenzo Remedios, aficionado igualmente al juego de los picos y las espuelas “¡Y eso que usted no ha visto cómo apuestan estos patarucos, de la inmoralidad bolivariana!” nos comentaba otro gallero, consternado por el trasiego impúdico de dinero en efectivo de los altos funcionarios.

FINALMENTE LA FISCALÍA quincuagésima tercera del Ministerio Público solicitó medida privativa de libertad y aseguramiento de bienes contra el banquero bolivariano Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón, “operador financiero” del ex vicepresidente José Vicente Rangel. Igualmente, la misma dependencia procedió a solicitar a Interpol la orden de captura internacional contra ambos magnates. Una información sobre la protección brindada a PTC, publicada el domingo pasado en el “Carrusel Político”, originó ese mismo día una llamada de Miraflores solicitando explicación al Ministerio Público sobre la ausencia de medidas contra Torres

LA AUDIENCIA PRELIMINAR de la causa número GP01-P-2009-5627 que se sigue en Valencia al ex director de Polimonagas, Lisandro Jaramillo, por el homicidio de los jóvenes Rodolfo Sánchez y Darwin Fernández, de Caicara de Maturín, convocada para el 19 de enero pasado, fue suspendida nuevamente por la Juez Décimo de Control de Carabobo, Alicia Ortega de Fajardo. Este sería el quinto diferimiento injustificado que impide el paso definitivo a juicio de los policías acusados, con lo cual se estaría buscando quebrar moral y económicamente a las víctimas para que, agobiados e impotentes, dejen de viajar a Valencia, y despejen la vía para una posible medida de beneficio procesal a favor de Jaramillo por “tecnicismos legales”. Al parecer la estrategia dilatoria está siendo dirigida por los abogados de la defensa, José Leonardo Blanco Marcano, alias “Nano”, y Mary Violeta Contreras, el primero miembro del grupo de abogados “extra sistema judicial” que trabaja para el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien habría recomendado su contratación a instancia de otro magistrado, Héctor Coronado Flores, alias “Moquiolo”; y la segunda, dicen que está ligada sentimentalmente con el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, alias “El Gato”. En este momento las víctimas, Héctor Sánchez y Betsaida Fernández, padres de los jóvenes ajusticiados, estarían preparando una carta de denuncia pública contra los aplazamientos, y sobre la presunta intervención en el juicio del gobernador Briceño, y los magistrados Aponte Aponte y Coronado Flores.

POR LO MENOS CINCO GOBERNADORES ligados a la represión antiestudiantil de la última semana, serán

acusados penalmente ante la Corte Penal Internacional de La Haya y el Estatuto de Roma, por violaciones a los derechos humanos que van desde incitar a la violencia contra jóvenes desarmados, hasta enviar cuerpos policiales a ejecutarla. En la lista figuran el gobernador de Mérida, mayor Marcos Díaz Orellana, en cuya entidad la represión tuvo un saldo de dos estudiantes muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Igualmente los mandatarios de Bolívar, general Francisco Rangel Gómez; Anzoátegui, Tarek Williams Saab; Aragua, teniente Rafael Isea; y Lara, Henry Falcón.

EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL, que estaba pautado para el pasado viernes, fue suspendido, según algunas fuentes, porque el presidente Chávez avisó a última hora que “por razones de agenda no podía asistir”; pero otras, porque se temía que un grupo de jueces y juezas irrumpieran en la celebración pidiendo la libertad de la ex jueza María de Lourdes Afiuni. Desde el alto gobierno judicial se ha ordenado decomisar todos los volantes y borrar todos los graffitties colocados en los baños de todo el país con consignas a favor de la referida ex funcionaria.

EL PROBLEMA DE LAS DIVISAS que debe entregar Cadivi a los padres o representantes para enviarlas a sus hijos que estudian en el exterior, sigue sin solucionarse. Y por tal causa los afectados desesperan, pues sin poder acceder a monedas extranjeras por otra vía no pueden asistir a miles de venezolanos en la posibilidad de adquirir bienes elementales e indispensables para vivir como comida y vivienda. Lo más grave, sin embargo, es que se está violando la Constitución y normas del último “convenio cambiario”, donde se establece que todo venezolano que esté en el exterior por razones de estudio o enfermedad, no debe, ni puede ser abandonado por el estado venezolano.

AL MAS ALTO NIVEL JUDICIAL Y MILITAR se está moviendo una cifra cercana a los cien millones de dólares a fin de obtener la libertad plena de cada uno de los integrantes del llamado “clan Makled”, integrado por los hermanos Salid, Abdala, Alex y Basel, a quienes en el año 2008 funcionarios del DIM le decomisaron 388 kilos de cocaína en una finca de su propiedad (conocida como finca El Rosario), ubicada en la jurisdicción del estado Carabobo.

YA SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS el dirigente nacional de Acción Democrática y ex gobernador del estado Lara, José Mariano Navarro, vinculado a los negocios de la llamada “banca bolivariana”, en especial a las fenecidas entidades “Banorte” y “Central”. El Ministerio Público prepara la imputación de Navarro por la utilización de listas fantasmas y documentos forjados para la obtención de dólares de Cadivi, a través de Banorte, así como del lavado de capitales y desvío de dineros de los ahorristas de “Central”. Durante su última reunión la dirección nacional del partido Acción Democrática ratificó la expulsión del referido dirigente. Adicionalmente, el nombre de otro empresario y dirigente de AD, vinculado estrechamente al secretario general del partido, aparece vinculado a los negocios del banqueros bolivariano José Zambrano Lucero, ex presidente de Banorte y comprador frustrado del Banco Federal.

DOS FACTORES podrían concurrir para que las autoridades electorales, por instrucciones del gobierno nacional, procedan a suspender las elecciones parlamentarias previstas para el día 26 de septiembre de este año. Uno de los factores podría ser el eventual desarrollo del conflicto interno; y el otro, el colapso del suministro eléctrico, previsto para el segundo cuatrimestre del año en curso.

SIETE MILLONES de bolívares estarían exigiendo los funcionarios administrativos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para tramitar las pensiones a beneficiaros que no estén con el “proceso revolucionario”. Para tal fin utilizan como “metodología” de trabajo la llamada “lista Tascón” y el Registro Electoral.

UN EMPRESARIO DE LA TELEVISIÓN venezolana vinculado a los acontecimientos del 11 de abril de 2002, pero que actualmente está con el “proceso revolucionario y socialista de Hugo Chávez”, es uno de los más importantes financistas de las actividades del partido Voluntad Popular que dirigen, entre otros, el ex alcalde Leopoldo López y el ex dirigente adeco Johan Perozo.

UN EMPRESARIO dedicado a las colocaciones financieras de la “revolución bolivariana” recibió dólares de Cadivi para la importación de cien vehículos último modelo, operación que le habría generado una plusvalía de 20 mil millones de bolívares. En el negocio participó un ex ministro de Finanzas.

UN JUEZ SUPERIOR PENAL del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, es una de las piezas claves del ex vicepresidente José Vicente Rangel en los tribunales penales de la capital. El alto funcionario judicial no permite que ningún juez de control decida causa alguna sin consultarlo.

CRASO ERROR. Sorprendidos quedaron varios militares retirados por la reciente afirmación del empresario de televisión, Marcel Granier, según la cual fue el ex ministro Luis Miquelena quien se opuso a la asistencia del ex dictador Marcos Pérez Jiménez a la toma de posesión del presidente Chávez el 2 de febrero de 1999, cuando lo que ocurrió fue todo lo contrario. Sostienen los oficiales que fue Miquelena el propiciador del encuentro celebrado el día 8 de mayo de 1988 en Madrid, ocasión en la que el ex dictador anunció su apoyo al entonces candidato Hugo Chávez y surgió la invitación a la toma de posesión, en caso de que el militar retirado ganara las elecciones. Igualmente señalan que en el año 1973 Luis Miquelena hizo también los contactos para una eventual reunión del entonces candidato presidencial del MAS, José Vicente Rangel, con Pérez Jiménez. Los militares recuerdan que ya en el año 1950, estando preso en la cárcel de Ciudad Bolívar, Miquelena ya había enviado una carta al entonces jefe de la Seguridad Nacional (policía política de la dictadura perezjimenista), Pedro Estrada, pidiéndole ayuda para solucionar su problemática familiar.

CRECE EL RECHAZO en el seno de las Fuerzas Armadas a la presencia de agentes del G2 cubano y de oficiales del ejército popular de Cuba en las guarniciones militares venezolanas.

UNA EXTRAÑA ASOCIACION de tribus o bandas ha penetrado el Tribunal Supremo de Justicia, con cabeza de puente en la Sala Civil. La “Banda de Los Enanos”, hechura típica de la “robolución”, representada en esta operación por “Marianito”, “Juanchón” y un tal “doctor Ardilla”, por un lado, y por el otro, la “Tribu de David” de prosapia cuartarrepublicana, hoy repotenciada a través de aquella abogada del bufete Morales Bello, quien durante el gobierno de CAP I pasó a la historia de la cursilería universal por una fiesta de 15 años con despliegue de palomitas cucú y zapatillas a lo Blancanieves, y que años después, a través de familiares, reapareció en el ministerio de la Secretaría del gobierno de Carmona “El Brevísimo”. Extraña convergencia de la IV, V y hasta de la VI República. En solo siete casos tramitados en lo que va de año, ese “joint venture” del “cuánto hay pa´eso” ha facturado seis mil millones. Los interesados en sus servicios favor dirigirse en horas de la noche al salón privado, segundo piso, del “Arábica”, donde raqueta y Etiqueta (on the rocks) en mano, serán atendidos, muy gentilmente.

Fuente: Semanario LA RAZÓN