Agregado por El Universal 17-01-10
Juan Martín Echeverría
Estamos en presencia de una doble vertiente en cuanto a la violencia y la reincidencia
Cada día la confianza pública está más afectada por la pasividad del régimen, en particular ante la ejecución sistemática de hechos delictivos de alta violencia, cuya investigación y sanción resulta casi imposible. El asalto a un vagón del Metro no es un hecho aislado, tampoco a un centro comercial en Catia y la secuencia contra edificios residenciales, que ratifica uno de los elementos determinantes en la evolución de la criminalidad organizada: sus nexos con el sistema político, funcionarios policiales y la justicia.
Entre las razones que explicarían la poca eficiencia de la prevención y represión del delito, estarían la demolición de las instituciones, la escasa prioridad en combatir la inseguridad, la manipulación desde las alturas del poder de unos sectores sociales contra otros, los pocos recursos que se destinan y la descoordinación, salvo cuando los presuntos autores son opositores políticos y los hechos son emblemáticos por sus características aberrantes y el rechazo de la opinión pública.
Si analizamos a grandes rasgos el asesinato del Director del Plan Caracas Segura y las heridas gravísimas contra el Director de Seguridad y Vigilancia Privada del Ministerio del Interior, descubriremos que hay similitudes que obligan a una reflexión profunda: A) Los autores materiales son identificados de inmediato, sin necesidad de recurrir a la criminalística o a la investigación, porque es vox populi su participación. B) Tienen el control del espacio donde delinquen, el modus operandi es conocido y la policía los identifica a través de sus apodos y antecedentes. C) Lo surrealista es que en ambos casos los autores materiales habitaban edificios invadidos, que son siempre una caja negra que esconde tráfico de drogas, secuestros, robos a mano armada, homicidios y activistas para acciones de amedrentamiento y sicariato.
En este contexto, la tasa de homicidios de la Gran Caracas se incrementó de 63 asesinatos por cada cien mil habitantes en 1998, a 130 en el 2007, por esa cultura de la violencia, que suministra armas, financiamiento y garantiza la impunidad a grupos armados que actúan con misiones políticas definidas, penetrando los barrios a través de pequeñas pandillas de menores y mayores de edad, con capacidad de fuego y control territorial. Lamentablemente el delito es la fuente de ingresos de estos grupos, que se convierten en el modelo prestigioso de niños y jóvenes en las áreas populares, luego el libreto de la realidad anuncia luchas entre bandas y ataques contra sectores residenciales y comerciales.
La lectura de este inmenso y dramático mural, deja al descubierto organizaciones policiales penetradas por el crimen organizado, una administración de justicia politizada y con temor a represalias, la desesperación de las comunidades, el alto riesgo de los ciudadanos y la compleja convivencia en una ciudad colapsada. Estamos en presencia de una doble vertiente en cuanto a la violencia y la reincidencia, porque la ferocidad se ha convertido en el núcleo de la acción criminal y el desafío es sin precedentes para el régimen y la sociedad venezolana. Son tiempos de delincuentes.
