El Gobierno venezolano ha cortado definitivamente la señal al canal de televisión más antiguo del país basándose en un rosario tecnicista de incumplimientos legales que pueden resumirse en uno: Radio Caracas Televisión Internacional rechaza transmitir los doctrinarios discursos del presidente-comandante Hugo Chávez, esas interminables alocuciones en las que el caudillo bolivariano desgrana las recetas de su tosco catecismo supuestamente izquierdista. Junto con RCTVI, otros cinco pequeños canales de cable han sido silenciados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera la medida una vulneración de las garantías constitucionales y aduce que los canales cerrados no han tenido la oportunidad de defenderse ante una autoridad imparcial.

Ni la libertad de expresión ni la disidencia son santos de la devoción de un líder que, pese a controlar cada palanca del poder, se considera víctima de los medios no adictos. Hace ya mucho tiempo que Chávez confunde deliberadamente celebrar elecciones y ganarlas con la existencia de un Estado democrático en Venezuela. Y no es la primera vez que suprime de un plumazo voces discordantes, aunque nunca su inquina haya sido tan persistente como contra RCTVI, una cadena a la que en 2007 ya retiró la autorización para emitir en abierto y a la que acusa de conspirar contra él. En agosto pasado, Caracas amordazó a otra treintena de emisoras de radio que supuestamente no habían renovado su concesión administrativa.

La reciente purga televisiva de Chávez, resumida en su frase “aquí hay unos burguesitos que quieren retar al Gobierno”, hay que encuadrarla en la huida hacia adelante de un presidente a la baja y con la vista puesta en las elecciones legislativas de septiembre. Venezuela ha dejado de ser el firmante de cheques con muchos ceros con cargo a la subida incesante del petróleo. La demagogia chavista, útil en tiempos de bonanza, se aplica ahora a un país en recesión, con una inflación que puede alcanzar el 40% y un desabastecimiento que llega a la energía eléctrica. Caracas ha recibido 2010 con un decreto que devalúa el bolívar en un 50% e instituye una doble tasa de cambio que en el pasado fue fuente de corrupción. Sobre este escenario, Chávez opera con controles de precios, cierres de comercios por centenares y amenazas de expropiación. Todo un recetario antidemocrático.

Fuente: El País, España